Esta es una población donde 2 de cada 10 pescadores acceden a la seguridad social; lo que refleja la precariedad de la actividad y genera al mismo tiempo una reducción a sus ingresos por causa de enfermedad, accidente de trabajo, desempleo, invalidez, vejez y muerte, sumado a la falta de seguridad del estado en el desarrollo de su actividad debido a que son víctimas de asaltos en alta mar donde pierden sus motores de sus lanchas y son abandonados a la deriva.
Los ingresos bajos efectivamente están asociados a la falta de Políticas Públicas integrales y segmentadas según su cadena de valor; la captura, extracción y recolección de la pesca artesanal actualmente se ha constituido en un segmento de pobreza y extrema pobreza, con un promedio de ingresos per cápita de 132 dólares, donde el 91% de pescadores tiene ingresos menores a la canasta familiar básica ($710); y el 68% tiene ingresos mensuales inferior al sueldo básico ($386).
La precariedad de las condiciones laborales junto con una experiencia única en el conocimiento de navegación marítima, pone en riesgo latente al pescador artesanal para ser cooptado por las organizaciones criminales que buscan medios de transportación alternativos para las conexiones marítimas; según reportaje de ecuavisa del martes 09 de mayo de 2017, el modo de operación de estas organizaciones consiste en el reclutamiento de jóvenes de estas comunidades para “enganchar y reclutar” a pesqueros artesanales; esta actividad podría ser la causa del “envejecimiento” de la población pesquera.
Entre los principales delitos asociados a este sector se encuentra los de tráfico de droga y tráfico de combustible, como lo menciona Fernando Medina:
“La participación de pescadores artesanales en el envío de droga a Estados Unidos y a Centroamérica derivó en otro delito: el tráfico de combustible. En el último año, las mafias han reclutado a lancheros para que también abastezcan de gasolina a embarcaciones que esperan en alta mar y están listas para llevar el alcaloide.”
Tatiana Hidrovo Quiñónez de diario El Telégrafo en su artículo indica que unos 300 pescadores artesanales ecuatorianos están en la cárcel de EE.UU., Guatemala y Colombia de los cuales en su mayoría son de las provincias de Manabí y Esmeraldas, víctimas del perverso sistema; El fiscal provincial, Diego Pérez, dice:
“En las parroquias es común escuchar a las personas que se refieren a las llamadas “vueltas”, que significan llevar drogas vía marítima.”
En base a esto, el tema de pescadores artesanales que actualmente es altamente vulnerable, merece la preocupación inmediata del Estado, por lo que la Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras Artesanales del Ecuador (FENACOPE) identifica tres problemas principales asociados a la red narcotráfico y los solicita a traves de Gabriela Cruz, presidenta de este gremio:
“Pedimos una comisión inter-institucional que analice cada uno de los casos de los compañeros, para que se pueda tramitar sus repatriaciones al país y puedan cumplir sus condenas en el Ecuador”;
“Pedimos una línea de crédito social para las mujeres cuyos esposos tienen problemas y puedan sostenerse a través de negocios alternativos e inclusivo”;
y, “del robo de unos 300 motores fuera de borda durante asaltos cometidos por “piratas” que operan en el perfil costero, estos hechos delictivos se han incrementado debido a la falta de patrullajes en las zonas, donde el sector realiza sus faenas de pesca”.
La zona costera del Ecuador presenta un ambiente propicio para el Desarrollo Sustentable y Sostenible, con presencia de los tres factores:
1) actividades económicas como es la pesca y el turismo con potencial de crecimiento;
2) Medio ambiente marítimo, donde la conservación del medio marino es el principal reto para las instituciones nacionales e internacionales; y,
3) Lo social donde prevalecen los aspectos socio-culturales de la población (descendientes de culturas ancestrales como la Valdivia y San Pedro) con capacidad de cohesión social.
El gran reto para el país es la implementación de un Programa de Desarrollo Alternativo Preventivo para el sector de pescadores artesanales, víctimas de la Delincuencia Organizada Transnacional, en el cual su principal objetivo sea la protección y el apoyo a las familias nucleares de pescadores artesanales y, la concientización y capacitación a los jóvenes de la localidad sobre sus consecuencias.
En este sentido, se debe iniciar con un catastro geo referenciado de familias que se encuentran involucradas en esta problemática, identificando la realidad económica, social y cultural; las acciones concretas del estado para la protección de la familias y el seguimiento para su implementación.
Es importante que las familias de las personas detenidas en otros países conozcan del estado judicial de sus familiares, para lo cual, se debe trabajar en mesas inter institucionales entre Cancillería, Ministerio de Relaciones Internacionales, Fiscalía General del Estado, Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos para plantear una estrategia internacional de asistencia penal internacional (API) para el apoyo legal en el marco de las convenciones internacionales.
El último eje y no por eso menos importante, es la capacitación y concientización a las familias y a los jóvenes de los territorios en donde se distinga la pluri actividad de la economía rural del territorio, la integración rural – urbana, y la activa participación de los jóvenes, creando una red interinstitucional entre el nivel local, nacional e internacional y la consolidación de Mancomunidades, teniendo como meta mejorar la calidad de vida de la los pescadores artesanales y sus familias.
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