El viernes 13 de abril de 2018, el Presidente del Ecuador, Lenin Moreno, confirmó el asesinato de tres periodistas del Diario El Comercio, un medio ecuatoriano (New york Times, 13/04/2018). Habían sido secuestrados el 26 de marzo, mientras trabajaban en informar sobre la situación en la frontera norte: el 27 de enero, un coche bomba explotó fuera del Comando Cantonal de la Policía en San Lorenzo (El Universo, 20/03/2018). El siguiente mes, el 18 de febrero, un enfrentamiento entre militares y personas que protegían una plantación de coca dejó dos uniformados ecuatorianos heridos de bala, en una comunidad perteneciente a San Lorenzo. En marzo, la violencia continuó cuando, en la madrugada del día 16, explotó una bomba casera junto a la cerca del Retén Naval de Borbón, en el cantón Eloy Alfaro. Dos días después, dos militares recibieron heridas menores a partir de la detonación de morteros artesanales. Cuatro días más tarde, una bomba en una carretera en la que se realizaban operativos militares dejó tres infantes de marina muertos y siete heridos. Esta explosión ocurrió cerca del destacamento ubicado por el río Mataje.
El secuestro de los periodistas Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, se confirmó por las autoridades ecuatorianas el 27 de marzo, lo que generó la activación del Consejo Nacional de Seguridad Pública, mientras aumentaban las incertidumbres respecto de lo ocurrido. No se habían dado los nombres de los colaboradores de El Comercio; las autoridades ecuatorianas tenían información sobre el traslado de los secuestrados a Colombia, y las autoridades Colombianas aseguraban que no existía información de que los periodistas hayan sido llevados a su país (El Comercio, 28/03/2018). El Ecuador, por primera vez, se enfrentaba a los efectos de una violencia que había cruzado la frontera hace tiempo, pero sin que se note con tanta claridad. Los periodistas secuestrados funcionaron como un develamiento de la vulnerabilidad de un país que no parecía preparado para imaginar este nivel de peligrosidad.
El vecino país de Colombia ha debido lidiar, desde 1964, con un conflicto armado, alimentado de la ausencia de funciones del Estado en las zonas periféricas, que han sido “excluidas y marginadas de sus servicios básicos, posibilitando la aparición y consolidación de poderes paralelos que, basados en la fuerza y el uso de la violencia, establecen órdenes sociales y económicos básicos que permiten la convivencia” (Trejos Rosero, 2013: 57). La deslegitimidad política del Estado en estas zonas ha sido un factor importante en el desarrollo de movimientos insurgentes que han mantenido un conflicto interno crónico, un fenómeno que no se ha visto con la misma intensidad o continuidad en otros países de la región, en los que, a pesar de la pobreza o la imposibilidad del Estado de monopolizar la violencia, no se ha reproducido una insurgencia de esta magnitud.
Probablemente es la cercanía geográfica a este fenómeno la que ha hecho que los ecuatorianos nos aferremos a la representación de “Isla de Paz”, aparentemente instaurada en los sesentas y alimentada de la condición del Ecuador en esos tiempos, de país rodeado de conflictos internos no solamente colombianos, sino también los derivados de las acciones del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, “una organización subversiva y terrorista, que en mayo de 1980 desencadenó un conflicto armado contra el Estado y la sociedad peruana” (Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2003).
Una de las particularidades del conflicto colombiano consiste en la financiación de los grupos subversivos, a partir de la producción y distribución de cocaína y heroína: América del Sur sigue siendo el único lugar en el que se produce cocaína y, a pesar de décadas de Guerra contra las Drogas, la oferta de esta sustancia se encuentra en los niveles más altos en los Estados Unidos (Infobae, 19/08/2017). Aunque Bolivia y Perú también son productores, las incautaciones en los Estados Unidos han mostrado una gran diferencia en el origen de la sustancia: el 92% es cocaína colombiana. Esta relación de los grupos subversivos con el narcotráfico no siempre fue tan fluida; de hecho, en un inicio, las FARC se opusieron a la siembra de coca en 1977, pero dos años más tarde, pasaron a la aceptación y regulación de los mismos, y evolucionaron hacia un sistema de recaudación de impuestos a productores y comerciantes, asumiendo la totalidad del negocio a partir del año 2000 (Trejos Rosero, 2013).
La relación entre guerra civil y producción de drogas ilícitas es posible debido a que, en guerra, se crean territorios que no son controlados por el gobierno; además, se debilita el mantenimiento del orden y se dificulta el control de las actividades ilegales (Collier, 2004). Por otra parte, se reducen las actividades económicas legales, lo que facilita que la gente esté dispuesta a participar de esta economía del narcotráfico. El fracaso en el desarrollo, sumado a la oportunidad en el narcotráfico, es, actualmente, una amenaza real en la frontera norte del Ecuador; una guerra ajena, afirmamos como estrategia, inconsciente quizás, pero en un territorio propio que ha sido abandonado por el Estado desde hace mucho tiempo.
La violencia en San Lorenzo no es novedad. En el 2012, la ciudad fue testigo de la muerte de tres personas luego de un enfrentamiento entre miembros de dos bandas, lo que se atribuye a los efectos del conflicto del vecino país de Colombia (El Comercio, 8/07/2014). En el 2013, esta zona tuvo una tasa de homicidios de 92,2 por cada 100.000 habitantes, lo que la convirtió en la más alta, seguida de Sucumbíos, con 75,67 (El Comercio, 21/07/2014). El miedo es lo cotidiano en este cantón y sus alrededores, y mucha de la violencia se relaciona con el control de territorio y los conflictos relacionados que surgen entre grupos de tráfico. Las marchas por la paz tampoco son novedad en el Ecuador, pues en julio del 2014, pobladores de San Lorenzo realizaron una, pidiendo mayor seguridad en el sector (El Comercio, 8/07/2014).
Esta vez, el país entero marchó en medio del dolor y el desconcierto que han producido los últimos acontecimientos en la frontera norte, particularmente el secuestro y asesinato de los tres periodistas, y un nuevo secuestro a una pareja de Santo Domingo de los Tsáchilas, que intentaba llegar a Ipiales a visitar a familiares, pero que, de acuerdo con las autoridades, fue secuestrada por el mismo grupo responsable del crimen contra los periodistas, en la zona de Puerto Rico, un poblado colombiano que limita con Mataje en el Ecuador (El Comercio, 18/04/2018). El 19 de abril, ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca y Portoviejo, entre otras, presenciaron actos de solidaridad y manifestaciones por la paz (El Universo, 19/04/2018). Los discursos políticos hicieron referencia al conflicto ajeno, originado en Colombia, y responsabilizaron al país vecino del incremento de la violencia en la frontera. Al mismo tiempo, se escucharon llamados por la unidad.
Ahora bien. Puede parecer inoportuna la puesta sobre la mesa de un problema que subyace a la violencia que se vive en San Lorenzo, y que empieza a ser visible desde el resto del país, pero es claro que el narcotráfico se vincula con cada una de las acciones de terror en cuestión. Si el problema se incrementó por la imposibilidad de incluir estos territorios en el Estado Colombiano, en este punto del conflicto necesitamos asumir un poco más de complejidad para enfrentarlo. Sin embargo, la sociedad ecuatoriana parece empeñada en continuar silenciando los debates, urgentes, necesarios, y resonantes en todo el mundo, sobre la función de la prohibición en la economía del mercado ilegal de las drogas. Es comprensible; los ecuatorianos hemos sido expuestos a actos terroristas, que han producido el efecto deseado de terror. Ya no son solamente los pobladores de San Lorenzo los que sufren de la incertidumbre que produce una violencia que no se puede controlar; ahora somos todos reconociéndonos como vulnerables ante un fenómeno que, a pesar de ser contrarrestado desde hace varias décadas, solamente parece aumentar. Hablar de legalización es interpretado como desacertado, mientras los argumentos se sostienen en la responsabilidad colombiana y la necesidad de la mano dura.
Pero sí podemos hablar de la legalización de las drogas. Esto no significa que vayamos a legalizarlas inmediatamente, o solamente en nuestro país. Tampoco significa que la legalización permitirá el acceso de adolescentes; menos aún que la población entera se abstiene de consumir solamente porque es ilegal. Todos estos argumentos han servido para silenciar un debate que debió haber empezado hace mucho tiempo, mucho antes de que el narcotráfico permita el acceso a tantos recursos, pero sin procesos educativos o de inserción social. Las insólitas rentas de las drogas terminan en manos de niños como ‘Guacho’, Walter Patricio Arízala Vernaza, que ahora tiene 27 años pero que militó en las FARC desde los 15 y que, según informan los medios, decidió retirarse de la guerrilla ante las negociaciones de paz, y mantener el negocio del narcotráfico, que le produce alrededor de 25 millones de dólares por semana (Perú 21, 13/04/2018).
Las drogas ilegales mueven grandes cantidades de dinero. Se estima que el tráfico de drogas le representó entre $426 a $652 billones de dólares al crimen transnacional organizado en el 2014 (United Nations office on Drugs and Crime, 2017). Esto le hace un negocio altamente atractivo, y la vinculación con el mismo está cada vez más extendida; no es necesario ser un narcotraficante grande, sino que cualquier persona puede dedicarse al menudeo y generar ingresos. Por esta naturaleza creciente del mercado de drogas, a pesar de que la prohibición ha dominado el escenario internacional desde hace mucho tiempo, una preocupación importante tiene que ver con el acceso a sustancias que no tienen ningún tipo de responsable detrás. Los argumentos en contra de la legalización se sostienen, justamente, en estos efectos de la prohibición: el acceso indiscriminado de poblaciones vulnerables como menores de edad, a sustancias que no tienen ningún tipo de respaldo sobre su contenido o calidad, y sin un individuo o empresa que se pueda hacer cargo de la misma.
Lo cierto es que la legalización es la que permite regular estas variables. Si un adolescente, el día de hoy, consume alcohol, lo más probable es que sea una botella de origen lícito, que algún adulto compró en el mercado legal, que ha pasado por un proceso de control de calidad, y que tiene una compañía que se responsabiliza del producto detrás. Es menos probable que el mismo adolescente ingiera alcohol hecho en casa o sin ningún tipo de respaldo. Y esto no quiere decir que deba beber alcohol; quiere decir que es, precisamente, la condición de legalidad la que permite que se ejerza este tipo de control sobre la producción de alcohol.
El narcotraficante es el último interesado en la legalización de las drogas. Su negocio no es lucrativo porque compita en el mercado con otros productores, o porque sus empleados tengan derechos laborales, seguro social y utilidades. Al narcotraficante no le interesa el papeleo del registro sanitario, el local con permisos, el personal capacitado que permita el cumplimiento de estándares de calidad que protejan al consumidor. Al narcotraficante no le interesa si se corta el producto con otras sustancias o si esto puede ser peligroso para su cliente; por el contrario, busca mantener los beneficios que obtiene de la condición de ilegalidad de sus productos.
La prohibición no protege a nadie. Los jóvenes, a quienes hoy en día se les ofertan sustancias de las que no necesariamente se sabe mucho, no están protegidos por la prohibición. Las poblaciones que han sufrido desde hace muchos años las consecuencias violentas del narcotráfico no han estado protegidas a partir de la prohibición. Los periodistas que desean informar sobre estos temas, los turistas, los negocios legales que son clausurados porque algún cliente decidió consumir sustancias ilegales allí; todos estamos desprotegidos ante el narcotráfico, y la Guerra a las Drogas ha tenido suficiente tiempo para demostrar su inutilidad abordando estos fenómenos. Este es el momento de decirlo. No creo que sea el momento de legalizar. Pero sí considero necesario que hagamos procesos reflexivos, que perdamos el miedo de tener posturas críticas ante políticas que no solamente han fracasado en protegernos, sino que han alimentado al enemigo de manera injusta y desproporcionada. Es ahora cuando debemos, al menos, hablar de recuperar el control, y uno de los pasos para ello será la legalización.
Referencias
Collier, Paul (2004). El desafío global de los conflictos locales. Serie Desarrollo Para Todos. Banco Mundial. Washington, DC: The World Bank. Encontrado en: http://documents.worldbank.org/curated/en/900111468141261433/pdf/348580958682541onflictos1401PUBLIC1.pdf
Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003). Informe final. Versión PDF. Lima: CVR. Encontrado en: http://www.cverdad.org.pe/ifinal/
El Comercio (21/07/2014). San Lorenzo tiene 4 zonas vulnerables a delitos. Encontrado en: http://www.elcomercio.com/actualidad/san-lorenzo-zonas-vulnerables-delitos-esmeraldas.html
El Comercio (8/07/2014). Protesta por seguridad y justicia en San Lorenzo. Encontrado en: http://www.elcomercio.com/actualidad/protesta-seguridad-justicia-sanlorenzo-esmeraldas.html
El Comercio (18/04/2018). Comandante de la Policía dice que pareja fue secuestrada en territorio colombiano. Encontrado en: http://www.elcomercio.com/actualidad/pareja-secuestrada-territorio-colombia-disidentes.html
El Universo (19/04/2018). Consignas por la paz se escucharon en marchas en varias ciudades de Ecuador. Encontrado en:
https://www.eluniverso.com/noticias/2018/04/19/nota/6722163/cientos-ciudadanos-recorren-calles-hasta-centro-quito-marcha-paz
Infobae (19/08/2017). El informe de la DEA sobre el alarmante aumento de producción de cocaína en Colombia. Encontrado en:
https://www.infobae.com/america/colombia/2017/08/19/el-informe-de-la-dea-sobre-el-alarmante-aumento-de-la-produccion-de-cocaina-en-colombia/
New York Times (13/04/2018). Lenin Moreno confirma la muerte de tres periodistas ecuatorianos. America Latina, Ecuador. Encontrado en:
https://www.nytimes.com/es/2018/04/13/muerte-ecuador-periodistas/
Perú 21 (13/04/2018). Quién es ‘Guacho’, el disidente de las FARC que secuestró y asesinó a tres periodistas ecuatorianos? Encontrado en: https://peru21.pe/mundo/guacho-disidente-farc-secuestro-asesino-tres-periodistas-ecuatorianos-403353
Trejos Rosero, Luis Fernando (2013). Colombia: una revisión teórica de su conflicto armado. Revista Enfoques, Vol XI, No. 18, pp. 55-75. Encontrado en:
file:///Users/anilla/Downloads/Dialnet-ColombiaUnaRevisionTeoricaDeSuConflictoArmado-4364027.pdf
United Nations Office on Drugs and Crime (2017). World Drug Report 2017. Tomo 5. Vienna: United Nations Publications. Encontrado en: https://www.unodc.org/wdr2017/field/Booklet_5_NEXUS.pdf
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