El mismo artículo del Expreso explica que, de acuerdo con la encuesta realizada por el CONSEP en el 2013, la marihuana es la droga más fácil de conseguir, y que más del 60% de consumidores de cannabis tienen edades superiores a los 36 años. Inmediatamente debajo, puede leerse:
Más de 8 mil muertes al año por drogas.
El artículo continúa describiendo un costo de más de 214 millones de dólares del fenómeno de drogas en el país, mientras que un 13,42% de muertes se debe al uso de drogas. El artículo termina explicando que “esta realidad” viene de un informe de la Secretaría Técnica de Drogas enviado a este medio. En ningún momento, Diario Expreso especifica qué químicos contiene la “cripy”, mucho menos la fuente de dicha afirmación, y falla en aclarar a qué se deben las muertes que se mencionan en un artículo que habla sobre marihuana. No queda claro en qué se gastan los 214 millones; pero se esperaría que, con ese presupuesto, la SETED podría al menos informar con claridad en lugar de marcar una estrategia de pánico moral.
Estos artículos surgen en un momento específico: en el año 2013 se dio la publicación de tablas de cantidades máximas que presentó el extinto Consejo de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP), que se crearon para permitir la aplicación de un mandato constitucional de no criminalización de consumidores de drogas, que además ya se encontraba presente en la Ley 108 (Ley de Drogas) desde 1990, y que otorgaban de herramientas al sistema de justicia para distinguir, más allá de la posesión, a quienes consumen de quienes trafican. Aquello que parecía un avance, plasmado incluso en el nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP) de 2014, que además introducía la proporcionalidad diferenciando distintas escalas del tráfico y, consecuentemente, planteando distintas penas, se vio frenado en el 2015, con la introducción de la nueva ley de drogas y una reforma a las tablas del COIP.
Ese cambio, o ese giro en U que se vio en la dirección de las políticas de drogas, vino acompañado de noticias y discursos en torno a la peligrosidad de la heroína. En Septiembre del 2015, el entonces presidente Rafael Correa se refirió a la tabla de dosis máximas para diferenciar el consumo: “Vamos a rectificar totalmente esta malhadada, equivocada tabla (de tráfico), para tener tolerancia cero” con la heroína (El Universo, 6/09/2015). En ese momento, el discurso que justificaba esta suerte de indignación tenía que ver con la heroína, específicamente la H, una sustancia que las autoridades describen como una mezcla de Heroína con otros químicos, incluidos sedantes para vacas y químicos para pintura.
Bebés nacidos adictos, colegiales con sobredosis, o el 80% de discapacidad cerebral por consumo de H de manera instantánea, son los temas que pueden verse si se hace una búsqueda sobre noticias de drogas en el Ecuador en el 2015, alrededor del momento en que se impulsó la modificación de la tabla, que para ese entonces ya no era considerada una herramienta de apoyo para que la función judicial pueda diferenciar entre consumidores y traficantes, sino que los medios hacían referencia a una “tabla de consumo”, sosteniendo sutilmente el argumento de que el uso de drogas es impulsado y promovido por esta tabla de cantidades máximas, por ende, su modificación tendría que tener un efecto en los patrones de consumo.
Aunque no parece haber momentos de explícita tolerancia o reinterpretación de las drogas, los distintos usos, o los efectos de la prohibición, sí parece que, en distintas circunstancias, los artículos de pánico moral se intensifican, planteando historias aterrorizantes, como una serie de estudiantes drogados y descontrolados en la universidad, con una marihuana química extremadamente adictiva, y con miles de muertes por drogas en el país. La estrategia del pánico moral omite reflexión; la prensa no informa sobre reducción de daños, o los beneficios que tiene el narcotráfico a partir de la prohibición. No se menciona la imposibilidad de controlar calidad o acceso a menores de edad, como sí puede hacerse, en gran medida, con sustancias legales. El énfasis, en momentos de pánico moral, está en un sensacionalismo que posibilita implementar políticas que restringen derechos, y que, de otra manera, no serían aceptadas por la sociedad.
Ya en 1972, Stan Cohen publicó el libro “Demonios Populares y Pánico Moral”, en el que propuso el concepto de pánico moral para explicar periodos que surgen en las sociedades de tiempo en tiempo, describiéndolos de la siguiente manera: Primero, una condición, episodio, persona o grupo de personas aparecen como amenazas a los intereses y valores de la sociedad (los estudiantes que consumen los brownies de creepy en la universidad de Guayaquil podrían ser un ejemplo, o la misma creepy como una droga llena de químicos y altamente adictiva); segundo, su naturaleza se presenta de un modo estilizado y estereotipado por los medios masivos (la SETED envía comunicaciones a los medios, que proceden a publicar estos artículos); tercero, las barreras morales aparecen desde distintos puntos: políticos, clérigos, editores, médicos, cualquiera que parezca estar del lado correcto; cuarto, los expertos socialmente acreditados plantean sus diagnósticos y soluciones; quinto, se plantean formas de enfrentamiento; y sexto, la condición desaparece, se sumerge o se deteriora, volviéndose más visible. Si bien puede tratarse de algo novedoso o de algo que ya ha estado presente algún tiempo, aquello que se ubica en el centro del pánico moral puede tener repercusiones a largo plazo.
Ahora bien, suponiendo que nos encontramos en un período de pánico moral, ya sea independiente, o una continuación del que posibilitó el endurecimiento de penas y la mutilación de las tablas en el 2015, surge la necesidad de observar el contexto en el que aparecen estos reportajes. En los mismos, existe exageración y distorsión: la creepy tiene químicos, es altamente adictiva y hay más de ocho mil muertes por drogas; además, puede verse un componente de predicción, pues la gente teme por las conductas descontroladas que podrían tener los consumidores; y finalmente, hay una simbolización en torno a la palabra “creepy”, “cripy” o “cripi”, que la identifica con una amenaza, o lo que Cohen llamó demonios populares.
Si revisamos la historia reciente del cannabis en el Ecuador, podemos ver que su presencia en la tabla inicial posiciona a la marihuana como la droga menos peligrosa, en términos del peso que originalmente se planteó como común entre consumidores: la primera tabla, plasmada en la resolución No. 001 CONSEP-CD-2013, acogía un “análisis de toxicidad, estudios sicológicos, biológicos y otros necesarios sobre la tenencia de sustancias estupefacientes y psicotrópicas para el consumo personal elaborado por el Ministerio de Salud Pública” (Registro Oficial, 20/06/2013: 2), y recomendaba que se considere consumidora a una persona que posea hasta 10 gramos de marihuana, mientras que la inmediata inferior era la pasta base de cocaína, con dos gramos. Ya en el COIP, la tabla se adaptó para diferenciación de escalas de tráfico, perdiendo su objetivo original de descriminalización, ya que podía considerarse tráfico de mínima escala desde CERO hasta 300 gramos de marihuana. El entonces defensor público Jorge Paladines explica estas contradicciones, mencionando que el COIP tuvo que incluir la aclaración de que no debe castigarse la tenencia de una sustancia en las cantidades establecidas por la normativa correspondiente (Paladines, 2017).
En el 2016, la entonces presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, impulsaba incluir el uso medicinal del cannabis en el proyecto del Código Orgánico de la Salud, con el objetivo de permitir la distribución de medicamentos que se basen en cannabilidol, un componente del cannabis que no es psicoactivo. La propuesta de Rivadeneira no se salía de la línea restrictiva en torno al cannabis; apenas si planteaba el manejo de medicación restringida al cannabidiol por parte de las farmacéuticas, lo que implicaba una excepción que no dejaba de legitimar la regla represiva que domina la política de drogas ecuatoriana. El año siguiente, el nuevo presidente de la Asamblea, y ex ministro del interior, José Serrano, presentaba una propuesta de Ley de drogas cuyo borrador empieza repitiendo un discurso que ya sonaba en la época de Febres Cordero: que son las niñas, niños y adolescentes los más afectados por el microtráfico de sustancias. Por supuesto, en esta propuesta se habla de la asignación de recursos permanente, controlando los espacios públicos e implementando el tratamiento obligatorio para los consumidores. El proyecto de ley propone identificar responsables y víctimas del microtráfico en los colegios, lo que implica intensificar la represión en las instituciones educativas. Además, este proyecto de ley propone criminalizar los usos en caso de darse en espacios públicos, contradiciendo la prohibición de criminalizar a los consumidores que describe la Constitución.
No hay nada nuevo en el discurso actual sobre drogas. Los artículos que se originan en comunicaciones directas de la SETED con los medios de comunicación repiten los mismos componentes de pánico moral presentes desde hace décadas en los discursos de drogas que circulan cada vez que el estado quiere legitimar la represión. Al menos ahora, quizás gracias a la creciente generación de estudios que permiten la crítica a estas posturas tradicionales, así como el acceso a formas de comunicación y acceso a información desde los avances tecnológicos, los usuarios de esta información que producen los medios pueden manifestar su descontento ante esta feria de falacias, exageraciones y afirmaciones carentes de sustento. La estrategia de pánico moral puede que siga siendo efectiva, pero la posibilidad de reflexión basada en la evidencia del fracaso del prohibicionismo es cada vez mayor.
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