En tiempos de crisis económica global se vuelve muy importante para los Estados la evaluación de la relación costo-efectividad del gasto público en la búsqueda de un mejor abordaje de los fenómenos sociales. Así, el caso del fenómeno socioeconómico de las drogas demanda una más eficiente distribución del presupuesto para atender los ejes de prevención, reducción de riesgos, salud y reinserción social. En la historia de la humanidad, pocas guerras han durado tanto como la denominada “guerra contra las drogas” que a través de cinco décadas de combate ha producido cientos de miles de muertos principalmente en Latinoamérica. A esto se adiciona el inconmensurable costo social de los sistemas penitenciarios, como nos recuerda Ernest Drucker:
Todas estas medidas tienen profundos efectos sobre la trayectoria del consumo personal de drogas, la construcción social de la adicción y los derechos humanos de los consumidores de drogas. En la medida en que los sistemas penales expanden sus funciones, también lo hacen sus impactos de salud pública sobre el consumo de drogas en la sociedad –incluyendo efectos colaterales sobre las familias y comunidades de las personas encarceladas (Drucker, 2014: 66)
A pesar de los esfuerzos encaminados a la “guerra contra las drogas”, Naciones Unidas ha fracasado en su meta para alcanzar “un mundo libre de drogas”; no ha disminuido ni la oferta ni el consumo de drogas, por el contrario, se ha creado un mercado criminal altamente lucrativo y controlado por mafias y como consecuencia muchos usadores de drogas han sido criminalizados. Es por ello que, “la continuación de enormes daños colaterales causados por políticas sobre drogas excesivamente militarizadas e impulsadas por la fiscalización, han llevado a crecientes llamados para acabar con la “guerra contra las drogas” (Collins, 2014: 5).
El Estado ecuatoriano a partir de 2008, en el marco del proceso constituyente, tomó varias medidas: 1) indulto general a “mulas”1 del narcotráfico; 2) creación de la “tabla de tenencia para el consumo personal”; 3) reforma del nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP) que incluyó el concepto de “proporcionalidad en las penas en delitos relacionados con drogas”; y, consecuentemente, 4) implementación de la tabla que permite diferenciar entre pequeños y grandes traficantes para tipificar delitos. A este conjunto de medidas, lo llamaremos primera reforma a la política de drogas.
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